Nuestro país no ha escapado al impacto económico que ocasionó la Pandemia a nivel mundial; tampoco estamos exentos de las consecuencias generadas por la Crisis de los Contenedores y menos aún por la imparable escalada en el precio del barril de petróleo. Han sido 24 meses sumamente difíciles.
Y para complicar aún más el panorama macro económico, el planeta experimenta un atroz y desconcertante evento bélico; con la cruel invasión de Rusia en Ucrania.
Todos estos factores nos colocan ante una triste realidad internacional; con consecuencias sumamente significativas en diferentes ámbitos: humanos, sociales, políticos, económicos. En lo que respecta a nuestra industria, podemos decir con absoluta certeza, que el transporte terrestre de mercancías ha sido impactado negativamente por todos los eventos acá enunciados; siendo conscientes que nuestras unidades se movilizan con diesel; combustible que en los últimos 14 meses ha experimentado un aumento del 59.5%.
Sin dejar de lado que Costa Rica es el país de la región centroamericana que tiene el precio más elevado de este hidrocarburo. Somos una economía dependiente de los combustibles derivados del petróleo, y ante la desmedida alza del precio del crudo a nivel internacional; podemos concluir con absoluta certeza que el impacto en las finanzas públicas y privadas ya se empieza a ver reflejado con el aumento en los costos de producción, en la prestación de servicios, en el valor final de los bienes de consumo masivo.
Esto está generando gran incertidumbre y sin duda alguna, propiciará una crisis inflacionaria con graves consecuencias para todos. Crisis en la que nosotros, los transportistas, ya estamos inmersos desde hace muchos meses.
Por lo expuesto, CANATRAC solicita, de manera vehemente, al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, la urgente tramitación e inmediata aprobación de las diferentes iniciativas legislativas que han sido recientemente anunciadas y que pretenden la contención del aumento en los precios de los combustibles (entre ellos, el proyecto de ley para suspender el mecanismo de actualización del impuesto único a los combustibles por 12 meses).
De igual manera, el Gobierno debe propiciar un espacio de diálogo urgente con el sector privado para atender iniciativas administrativas que conlleven la búsqueda de paliativos que le den un respiro a la ya de por si decaída industria del transporte terrestre de carga.