La reacción del Instituto Nacional de las Mujeres ante el proyecto de ley 21.702 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa y prevé que las mujeres deban demostrar los gastos en que incurren para sus hijas e hijos con la pensión alimentaria que reciban, y lo califica de violencia patrimonial
«Desde el INAMU hacemos un llamado a las personas diputadas para que no se apruebe el proyecto de ley 21.702 y se valore la posibilidad de aprobar otras alternativas más idóneas para resguardar el derecho de las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, sin ir en detrimento de los derechos de las mujeres», indica el pronunciamiento institucional.
Y que este proyecto aumentaría la carga de trabajo de los juzgados de pensiones alimentarias que con todo esfuerzo tratan de tramitar casi 200 mil expedientes activos en todo el país.
Detallan que en el país existen 189.927 expedientes de pensiones alimentarias activos, con un monto promedio de 102.671 colones por caso, no por persona beneficiaria, esto de acuerdo con datos del Observatorio de Género del Poder Judicial.
Asegura el INAMU que es frecuente que los alimentos se compren en pulperías u otros comercios que, dada su naturaleza tributaria de régimen simplificado, no tienen el deber de emitir factura, lo cual hace más difícil el trámite que pretende el proyecto.
Detalla que el ordenamiento jurídico ya tiene vías para judicializar la situación en caso de que el dinero de la pensión alimentaria no esté siendo bien utilizado.
«Si bien el Estado debe garantizar el derecho de miles de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad a contar con alimentos, mediante una pensión alimentaria, es necesario que las medidas que se adopten no vayan en detrimento de los derechos de las mujeres y generen mayor sobrecarga o violencia patrimonial», agrega.