Las próximas tobilleras para el Ministerio de Justicia serán licitadas a nivel internacional, según la recomendación de la comisión para analizar el tema y aprobada por el Ministerio de Justicia.
Actualmente ese servicio lo ofrece la Empresa de Servicios Públicos de Heredia al haber ganado el contrato, que se vence el próximo 27 de febrero
El Ministerio de Justicia solicitó a la Contraloría General de la República (CGR), en diciembre pasado, una autorización para extender el plazo del contrato vigente con el fin de cubrir el tiempo que tome el desarrollo de la licitación y la transición con el nuevo proveedor seleccionado.
Esta extensión permitiría a más de 1.800 personas continuar con sus planes de inserción social sin generar desestabilización en la provisión del servicio mientras se determina el nuevo proveedor y se hace la migración.
“Se ha completado la fase de preparación de los documentos licitatorios varias semanas antes de lo programado. Ahora estamos revisando el detalle para asegurar que el proceso cuente con toda la información de la mejor calidad para los potenciales oferentes”.
La extensión solicitada al contrato sería “hasta por 24 meses o hasta que se haya realizado la efectiva instalación o migración a la plataforma resultante de la finalización del proceso licitatorio para la selección de un nuevo proveedor de la solución integral de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal (lo que ocurra primero)”. Esta solicitud está amparada al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa que rige el contrato.
En la actualidad, cada persona monitoreada representa un coste de $12,5 por día, cifra muy inferior al de las personas que permanecen en centro penitenciarios cerrados (nivel institucional): $40 diarios.
A manera de ejemplo, 2.000 personas en monitoreo electrónico le costarían al país, al año, $9.000.000 (al precio actual del servicio). Esa misma cantidad de personas en el nivel institucional representaría un gasto anual de $28.800.000.
El Ministerio de Justicia y Paz está a la espera de que la CGR se pronuncie sobre la solicitud de autorización para hacer una extensión del contrato vigente (de acuerdo con el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) mientras se concluye el proceso de licitación para el nuevo contrato.
Esta ampliación permitirá que las 1.800 personas sujetas a este mecanismo, puedan seguir siendo monitoreadas durante este período, garantizando así el cumplimiento de la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (Ley 9271) y la seguridad de la ciudadanía costarricense, sin desestabilizar el servicio que se está brindando actualmente.