El área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República realizó una auditoría con el objetivo de analizar la estrategia y acciones desarrolladas por el Patronato Nacional de la Infancia –PANI- dado el incremento en los recursos transferidos por el Gobierno de la República para la protección especial de las personas menores de edad y sus familias. El período de estudio fue del 2015 al 2018.
A partir del año 2016, el PANI recibió un aumento considerable de los recursos provenientes del Poder Ejecutivo producto de que, por primera vez, se le realizaron las transferencias correspondientes a la asignación del 7% del impuesto sobre la renta, lo que implicó que para el período 2015-2018, el monto de dicha transferencia se incrementó en 119%. El informe concluye que, a pesar del incremento sustantivo en las transferencias al PANI, ello no se refleja en una mejora en sus funciones sustantivas.
La Contraloría gira disposiciones vinculantes a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva del PANI para solventar los hallazgos de la auditoría, en procura de atender las necesidades de las personas menores de edad y sus familias.
Esta tarde se expondrá este informe en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa.