La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) defiende los cambios que realizó en la metodología que ajusta las tarifas eléctricas, con base en su potestad establecida en la ley y para proteger al usuario final de pagar un costo mayor, ante los cuestionamientos realizados por la Contraloría a los ajustes realizados.
La ARESEP, mediante los cambios que se aprobaron en 2023 a la metodología de Costo Variable de Generación (CVG), buscó corregir distorsiones existentes y mejorar la estabilidad financiera de los prestadores, para brindar señales de precios más consistentes y estables para los usuarios.
En el 2024, la generación térmica con combustibles que realizó el ICE representó el 10% de la generación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Lo anterior condujo a un aumento del 60,67% en el factor de CVG en la generación del ICE, y afectó los costos de las 8 empresas eléctricas entre 5,62% y 32,49%.
Al hacer el cambio en la metodología de CVG se logró aplicar una rebaja en tarifas eléctricas a partir del 1° de enero del 2025, dado que otros estudios tarifarios compensaron el impacto de la generación térmica.
Si se aplicaba la metodología de CVG anterior, con cambios trimestrales, se habrían dado tarifas mucho más altas durante periodos más cortos de tiempo. Por ejemplo, en el IV trimestre de 2023 se debieron recuperar ₡45 mil millones (₡15 mil millones por mes) y en el I trimestre de 2024 ₡41 mil millones (₡13,6 mil millones por mes), lo que habría resultado en tarifas más elevadas en esos trimestres que las finalmente cobradas.
Para la ARESEP el informe técnico de la Contraloría General de la República (CGR) no responde a un análisis técnico razonado y emite criterios parciales sin análisis metodológico ni técnico suficientes, por lo que incurre en aseveraciones incorrectas y potenciales infracciones a normas legales específicas que sobrepasan el ejercicio de control de la hacienda pública.
Mediante el oficio OF-0564-RG-2025, el Regulador General Eric Bogantes, recordó a la CGR que se deben mantener los límites de competencia de cada institución para evitar que se produzca una transgresión entre estas.
Además, enfatizó en que no puede sustituir el juicio técnico de órganos especializados, como la ARESEP y los cuestionamientos hacia decisiones regulatorias de tarifas, deben contar con un desarrollo técnico, el cual es omiso en el informe de la CGR.
La CGR no realizó un análisis integral de la gestión y regulación de “los recursos de generación del servicio eléctrico”, sino que hizo valoraciones parciales de temas específicos, y cuyo análisis es insuficiente para fundamentar las conclusiones que emite.
ARESEP realizó los cambios en la metodología acorde con sus potestades y siguiendo el marco legal y normativo vigente, además de diversos análisis y escenarios del impacto regulatorio.
La Contraloría cuestionó, puntualmente, la forma de aplicar la metodología de CVG, así como la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 16); las liquidaciones tarifarias en las fijaciones ordinarias; así como el tratamiento regulatorio de activos retirados del ICE.
Otro cambio en la metodología fue abrir la posibilidad de realizar 3 ajustes intra-anuales, a solicitud de la empresa eléctrica para garantizar el equilibrio financiero del prestador y obtener los recursos en caso de ameritarlos. De esta forma se descarta la aseveración de la CGR de que se produce un supuesto desequilibrio financiero al ICE, sin contar con ningún análisis financiero-contable que justifique dicha aseveración.