Expertos en derecho municipal, competitividad y gestión de residuos advirtieron en el conversatorio “Desafíos Municipales ante el Fortalecimiento de la Rectoría Sanitaria y la Nueva Política Nacional de Gestión de Residuos”, que las decisiones del Ministerio de Salud y la ministra Mary Munive frente a la crisis de la basura han sido improvisadas, irrespetan la autonomía municipal y trasladan el problema al próximo gobierno sin ofrecer soluciones reales.
En el conversatorio, realizado en Heredia y organizado por la Fundación Red Democrática, participaron Carlos Monge, experto en derecho municipal y exregidor del cantón de Heredia, Shirley Saborío, del Consejo para la Promoción de la Competitividad, así como dos candidaturas a la diputación por Heredia: Boris Ramírez de la Coalición Agenda Ciudadana, y Carlyn Ugalde de Unidos Podemos.
Carlos Monge cuestionó en su exposición que el decreto ejecutivo 44974-S viola la autonomía municipal, genera inestabilidad financiera y operativa en los gobiernos locales y deja en manos del Ministerio de Salud amplias potestades discrecionales que ponen en riesgo la continuidad del servicio de recolección y disposición final de la basura.
Además, advirtió que semanas atrás se anunció una prórroga de dos años en la aplicación del decreto, pero a la fecha ésta no ha sido publicada en el diario oficial, por lo que los plazos siguen vigentes -aunque son imposibles de cumplir- y las municipalidades sufrirían limitaciones para recolectar y disponer de la basura a partir de abril del próximo año.
Desde la perspectiva de competitividad territorial, Shirley Saborío recordó que los datos del Índice de Competitividad Nacional muestran a Costa Rica con una gestión de residuos rezagada, donde la sostenibilidad es un componente crítico de la calidad de vida y de la competitividad cantonal. Saborío recalcó que una rectoría sanitaria responsable debe construirse en conjunto, con diálogo, acuerdos claros y apoyo técnico efectivo a las municipalidades, porque es imposible que puedan dar soluciones cada una por aparte sino que debe procurarse una acción regional conjunta.
El último índice presentado en el 2025 otorgó una calificación nacional de 48,7 en los indicadores de compromiso con la sostenibilidad, dato que en el 2021 alcanzaba una nota de 57. Es decir, que ha habido un retroceso en los últimos años, en lugar de un avance. Esto se debe a que, si bien las municipalidades han mantenido el nivel de inversión en la recolección de residuos, ha decaído la recolección de reciclaje y su aprovechamiento. Lo cual queda evidenciado al exponer que Costa Rica genera cerca de 2 millones de toneladas de residuos al año pero solo el 5% se reutiliza.
Por su parte, el aspirante al Congreso por la Coalición Agenda Ciudadana, Boris Ramírez, dijo que la ministra de Salud, Mary Munive, está más preocupada por proteger al gobierno que por la salud pública.
«Esta gestión errática que ha tenido la ministra Mary Munive es el reflejo de esta situación. No es posible que se quiera, en una ley, darle a la rectoría sanitaria un rol más fuerte y más sólido, pero seguir empecinadamente con un decreto que le da potestades que no tiene y que debe compartir con el respeto constitucional de la autonomía de las municipalidades. Esta gestión errática lo único que quiere es que el pueblo de Costa Rica siga peleando, siga distorsionado y no les exija cuentas de todo lo que no han hecho», criticó Ramírez.
Por su parte, Carlyn Ugalde, candidata a diputada por Unidos Podemos, afirmó: «Definitivamente se tienen que tomar medidas, pero medidas bien analizadas y bien articuladas. Los centros municipales son los que tienen que actuar en eso. Tenemos que ver esto como una oportunidad: a la hora de crear un proyecto de ley debe darse también la opción de crear pymes, promover la reutilización adecuada de los residuos y generar oportunidades de trabajo para las comunidades.»
El conversatorio cerró con un llamado a que el Ministerio de Salud deje la imposición y ejerza una rectoría basada en evidencia, coordinación interinstitucional y respeto a la autonomía municipal, mediante un plan nacional con metas obligatorias de reducción, reciclaje y valorización, respaldado con financiamiento para infraestructura como compostaje y plantas de clasificación, con énfasis en provincias como Heredia.
La Fundación Red Democrática anunció que continuará promoviendo espacios de discusión técnica y ciudadana en los territorios, con el objetivo de que la crisis de la basura deje de ser un problema escondido en los rellenos sanitarios y se convierta en una prioridad ineludible para los próximos gobiernos y la Asamblea Legislativa.