En una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acordó suspender provisionalmente al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por un periodo de 15 días naturales con goce de salario, mientras avanza una investigación disciplinaria y penal en su contra.
La medida, calificada por el Poder Judicial como “provisionalísima”, tiene como objetivo permitir a las autoridades recopilar elementos de prueba y valorar la eventual imposición de una medida cautelar de mayor duración.
Zúñiga enfrenta al menos tres denuncias por presuntos delitos de índole sexual, entre ellas violación, presentadas ante la Fiscalía General de la República.
Desde el Poder Judicial se reiteró el compromiso con la transparencia, el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que se aseguró que el funcionamiento del OIJ continuará con normalidad durante este período.
La Corte indicó que, al término de los 15 días, se evaluará el avance de las investigaciones y determinará si la suspensión se extiende o si se adoptan otras medidas, conforme al marco jurídico correspondiente.
¿QUÉ IMPLICA PARA EL PODER JUDICIAL?
La suspensión temporal del director del OIJ, Randall Zúñiga, representa uno de los episodios más delicados que ha enfrentado el Poder Judicial en los últimos años. Más allá de las denuncias que motivaron la medida, y la verificación de ellos en la investigación, la situación plantea un reto profundo para la imagen, la estabilidad y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia.
El OIJ es la columna vertebral de la investigación criminal en Costa Rica. Su liderazgo implica una gran responsabilidad sobre procesos sensibles que van desde la investigación de homicidios hasta la lucha contra el crimen organizado. Cuando el jerarca de la institución es señalado por presuntos delitos graves, se genera un impacto simbólico y operativo que trasciende la figura individual.
En primer lugar, la suspensión impone la necesidad de revisar los mecanismos internos de control y ética, así como los protocolos de actuación en casos donde altos funcionarios enfrentan denuncias. En segundo término, la medida marca un precedente sobre cómo la Corte Suprema maneja los casos que involucran a jerarcas judiciales, buscando equilibrar la transparencia con la presunción de inocencia.
Para el Poder Judicial, el desafío ahora será mantener la operatividad del OIJ sin que la institución pierda credibilidad ante la ciudadanía. En un contexto social donde la confianza en las autoridades es frágil, cada acción será evaluada con lupa por la opinión pública.
El desenlace de esta investigación no solo definirá el futuro de Randall Zúñiga, sino que podría influir en la percepción general de independencia, integridad y transparencia del sistema judicial costarricense.