La presidenta ejecutiva del INAMU, Marcela Guerrero, junto a familiares sobrevivientes de femicidio, integrantes de la Comisión Especial de la Mujer y diputadas y diputados, presentaron el proyecto de ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, que tiene como propósito crear un régimen de reparación integral para familiares de quienes han muerto por un femicidio.
Según las cifras presentadas por el INAMU a causa de los femicidios 517 menores perdieron a su madre, hija, hermana, nieta, sobrina, tía, debiendo dichas personas transitar por un proceso psicológico, familiar, social y económico para el cual no estaban preparadas. Adicional a ello, en muchos de los casos otros familiares deberán asumir la responsabilidad de continuar con la crianza y manutención de los hijos o dependientes de la víctima de femicidio.

“Esta sería la primera ley en el país que reconoce la reparación integral a víctimas, en este caso, para las familiares sobrevivientes de femicidio. En un Estado de Derecho que respeta y garantiza los derechos humanos, la reparación integral se traduce en una acción que reconoce la dignidad humana y para ello es indispensable el desarrollo e implementación de medidas para atender los daños causados, atención médica y psicológica por traumas, la sanción a las personas perpetradoras de los crímenes, así como las medidas que previenen la no repetición de los hechos que originaron la violación de derechos humanos”, indicó Guerrero.
Desde el 2007, más de 517 hijas e hijos han perdido a sus madres víctimas de femicidio, de esta cantidad, alrededor de 380 eran menores de edad. Según las cifras del Observatorio de Género del Poder Judicial, 398 mujeres han muerto víctimas de femicidio y aún se tienen 47 casos pendientes a la espera de ser clasificadas.
Quienes se beneficiarán con la aprobación de este proyecto son las hijas e hijos de la víctima de femicidio, familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que conviven con la mujer víctima al momento del femicidio, y personas adultas mayores y/o con discapacidad que eran dependientes de las víctimas de femicidio.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que los Estados deben reparar a las víctimas por las violaciones sufridas y establecer garantías de no repetición en casos de violación de los derechos fundamentales de una persona o grupo de personas.
“A través de esta Ley, el Estado costarricense asumiría la reparación integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que, han perdido a su madre como resultado del femicidio o de homicidio por razones de género”, enfatizó la Jerarca.
Agregar a estas personas como beneficiarias de priorizaciones de servicios estatales resulta un paso hacia adelante para iniciar una respuesta integral y con perspectiva interseccional y de género, así como una acción afirmativa en situaciones de violencia contra las mujeres.
“Esta respuesta integral pretende que las víctimas de estos femicidios puedan construir un nuevo proyecto de vida, aportando los recursos económicos para ello, brindando espacios de formación y educación continua y por supuesto, abordando las consecuencias psicológicas de la violencia”, acotó la ministra.
No podrá hablarse de reparación total del daño si la normativa nacional no contempla esta suspensión provisional y definitiva de la patria potestad en casos de femicidios. Por ello esta propuesta de ley propone reformas al Código de Niñez y Adolescencia y al Código de Familia para proteger a los hijos e hijas de una mujer víctima de femicidio, considerándolos como sobrevivientes y contribuir así a cortar con la transmisión generacional de la violencia machista.
“Diversas instancias internacional han referido que en casos de femicidio, la reparación transformadora debe hacer énfasis en la recuperación de los hijos e hijas y personas sobrevivientes menores de edad particularmente. Estas personas menores de edad no son, como algunas personas afirman, testigos de la barbarie que sufren sus madres, sino víctimas directas de la misma violencia. Esto implica que la reparación integral propuesta hoy también es un aporte a la sociedad para lograr el cambio cultural que tanto requerimos, que permita a toda la comunidad cuestionarse y reconocer cómo dentro de su vida diaria han reproducido patrones de violencia contra las mujeres, y hacerse cargo de las consecuencias que esto trae para todo el país”, finalizó la Ministra.
El INAMU, junto con los familiares sobrevivientes de femicidio y los diputados firmantes, presentan este proyecto de ley para su correspondiente estudio, discusión y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.