El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) identificó prácticas contractuales abusivas en contratos utilizados por gimnasios del país, tras una fiscalización realizada a finales del año anterior, en un contexto donde muchas personas retoman sus metas de ejercicio al iniciar el año.
El estudio incluyó a 10 comercios dedicados al acondicionamiento físico. De estos, ocho utilizaban contratos de adhesión y en el 100 % de los casos analizados se detectaron incumplimientos a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, principalmente por falta de claridad en la información y la presencia de cláusulas abusivas.
Entre los principales hallazgos, el MEIC determinó que en cinco contratos la información relevante se presentaba de forma desagregada o se remitía a reglamentos externos, cuando esta debía incluirse directamente en el contrato. Además, en igual número de casos se detectaron autorizaciones automáticas para el uso de datos personales, envío de publicidad y uso de imágenes, sin el consentimiento expreso del consumidor.
Asimismo, en cinco contratos no se indicaba la duración de la relación contractual y en cuatro no se informaba el precio final del servicio, lo que limita el derecho del consumidor a tomar decisiones informadas antes de firmar.
En cuanto a las cláusulas abusivas, el estudio reveló que en siete contratos se exoneraba al comercio de cualquier tipo de responsabilidad, trasladando esta carga al consumidor. También se identificaron cláusulas que colocan al usuario en una situación de desequilibrio contractual y permiten modificaciones unilaterales por parte del gimnasio, incluso sin el consentimiento del cliente. En dos casos, se detectó la renuncia anticipada a derechos del consumidor.
Como resultado de esta fiscalización, el MEIC notificó ocho prevenciones en octubre de 2025. Seis comercios corrigieron las irregularidades señaladas; sin embargo, dos no cumplieron a cabalidad, por lo que se procedió a presentar la respectiva denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Estas empresas podrían enfrentar sanciones económicas que oscilan entre los ₡4,6 millones y los ₡18,4 millones, según lo establece la legislación vigente.
El MEIC recordó a la población la importancia de leer detenidamente los contratos antes de firmarlos, verificar que se indique claramente el precio final, la duración del servicio y las condiciones de cancelación, así como asegurarse de que cualquier uso de datos personales o imágenes cuente con autorización expresa del consumidor