La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud formal para que se levante la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, con el fin de permitir la apertura de un proceso sancionatorio por presunta beligerancia política.
El oficio fue aprobado el pasado 3 de octubre y comunicado oficialmente este martes al Directorio Legislativo, órgano encargado de dar trámite a la gestión. Según el TSE, mientras el mandatario mantenga su fuero constitucional, el Tribunal no puede imponer sanciones electorales, por lo que el levantamiento de inmunidad es un requisito indispensable para continuar el procedimiento.
El expediente que sustenta la solicitud agrupa 15 de las 24 denuncias presentadas contra el presidente por supuesta participación indebida en temas electorales. Entre los denunciantes figuran dirigentes y diputados de diferentes partidos, entre ellos Johana Obando, Antonio Ortega, Ricardo Sancho y Gonzalo Coto.
Las denuncias fueron analizadas por la Inspección Electoral, la cual realizó investigaciones preliminares y presentó informes que fueron declarados admisibles por el Tribunal.
La gestión se ampara en el artículo 270 del Código Electoral, que establece que cuando la persona denunciada por beligerancia sea el Presidente de la República, el TSE debe solicitar el levantamiento del fuero para poder iniciar el procedimiento sancionatorio.
Antecedentes y contexto político
Esta es la segunda vez que el presidente Chaves enfrenta una solicitud de desafuero. Meses atrás, la Corte Suprema de Justicia envió a la Asamblea un pedido similar, pero por un caso distinto, relacionado con un presunto delito de concusión vinculado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En aquella ocasión, el Congreso no alcanzó los 38 votos necesarios para aprobar el levantamiento del fuero, por lo que el proceso penal no avanzó.
El nuevo requerimiento del TSE se da en medio de un ambiente político tenso, con el Poder Ejecutivo enfrentando varios procesos judiciales y electorales en paralelo.
El trámite ahora queda en manos de la Asamblea Legislativa, que deberá:
Dar curso a la solicitud del TSE a través del Directorio.
Remitir el expediente a una comisión legislativa para su análisis.
Someter a votación en el Plenario la decisión final sobre el levantamiento de inmunidad.
De aprobarse, el TSE quedaría en capacidad de iniciar formalmente el procedimiento sancionatorio contra el mandatario.