Costa Rica vive un acelerado proceso de envejecimiento demográfico que duplicará su población mayor de 65 años en las próximas dos décadas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este grupo pasará de 600.000 personas a más de 1,2 millones entre 2024 y 2044, un cambio que ya empieza a presionar al sistema de salud, a las familias y a la red de cuidados.
Especialistas señalan que el país aún no ha logrado instalar una conversación pública robusta sobre los cuidados de largo plazo, pese a que el envejecimiento es un fenómeno previsible. La mayor parte de la atención continúa recayendo en las familias, especialmente en mujeres sin formación ni acompañamiento emocional.
Según Estefanía Estrada, gerente de Personal Care de Essity, el país enfrenta un momento decisivo. Afirma que la planificación debe centrarse en temas como movilidad, autonomía, salud pélvica, redes de apoyo y educación para cuidadores, para evitar que miles de familias enfrenten estas necesidades sin preparación.
Uno de los desafíos más visibles es la falta de información y el estigma alrededor de la incontinencia urinaria, una condición frecuente en personas adultas mayores y asociada a enfermedades crónicas como diabetes, secuelas de partos o intervenciones de próstata. Especialistas advierten que, cuando no se atiende, esta condición afecta la movilidad, el sueño y la autoestima, y puede generar aislamiento social.
Evelyn Calero, especialista en Trabajo Social de TENA Centroamérica, explica que muchas personas dejan de salir de casa o renuncian a actividades que disfrutan debido al miedo a sufrir accidentes, lo que acelera la pérdida de autonomía.
El envejecimiento acelerado también aumentará la demanda de servicios de rehabilitación, salud mental y cuidadores formales y no formales. Además, requerirá fortalecer la infraestructura accesible en espacios públicos y promover productos adaptados a las necesidades de esta población.
Expertos coinciden en que es necesario cambiar la visión de la vejez como una etapa final y comprenderla como un ciclo que demanda prevención, educación y políticas públicas específicas para garantizar calidad de vida y autonomía.