A pocas semanas de las Elecciones Nacionales 2026, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) advirtió sobre una serie de distorsiones económicas y financieras que, a su criterio, encarecen el crédito, limitan la inversión y frenan la generación de empleo formal en el país.
La organización señaló que, aunque la economía costarricense mantiene tasas de crecimiento saludables, este dinamismo se concentra principalmente en las empresas de zonas francas. El resto de la economía —que representa cerca del 85% del Producto Interno Bruto— ha mostrado un crecimiento reducido durante varios años, situación que afecta la competitividad y el acceso al financiamiento.
Según la ABC, estas condiciones responden tanto a los altos costos operativos que enfrenta el sector productivo como a distorsiones en el sistema financiero, entre ellas las cargas parafiscales, el llamado “peaje bancario” y el elevado encaje mínimo legal, factores que reducen la disponibilidad de recursos para crédito y elevan las tasas de interés.
“Las empresas costarricenses están atenazadas por una serie de factores que hacen muy costoso producir y crear empleos formales. Cuando existen distorsiones que elevan los costos de producción y del crédito, se afecta la inversión productiva y la capacidad de las empresas para expandirse y contratar trabajadores”, señaló Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
Reducción de costos operativos
Entre las prioridades planteadas para la próxima administración, la Asociación destaca la necesidad de reducir los costos operativos de las empresas, especialmente fuera de las zonas francas y de la Gran Área Metropolitana. Entre los principales factores identificados se encuentran las altas cargas patronales, las tarifas eléctricas, los rezagos en infraestructura, la carga regulatoria y los desajustes entre la oferta laboral y las necesidades del sector productivo.
Actualmente, cerca del 40% de la población ocupada se mantiene en la informalidad, por lo que la ABC considera indispensable una estrategia integral que permita fortalecer el empleo formal y lograr un crecimiento económico más equilibrado e inclusivo.
Entre las medidas sugeridas figuran la reducción de cargas patronales no vinculadas a pensiones o salud, la apertura del mercado eléctrico a la producción privada, el impulso de alianzas público-privadas para infraestructura, la simplificación regulatoria, una mayor articulación entre el sistema educativo y las empresas, así como la ampliación de la red de cuido para facilitar la participación laboral, especialmente de las mujeres.
Distorsiones del sistema financiero
En cuanto al sistema financiero, la ABC señaló que existen cargas específicas que elevan el costo del crédito, como las contribuciones parafiscales y el “peaje bancario”, que obliga a los bancos privados a mantener un porcentaje de sus depósitos en la banca estatal.
Además, mencionó el encaje mínimo legal, que en Costa Rica se ubica en 15%, muy por encima del promedio del Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que ronda el 1%. Aunque esta tasa es competencia del Banco Central de Costa Rica, la Asociación considera necesario promover una discusión técnica sobre una eventual reducción.
“Reducir estas distorsiones es esencial para conseguir tasas de interés más favorables y ampliar el acceso al crédito, fortaleciendo la competitividad del país y promoviendo un crecimiento más dinámico y equilibrado”, agregó Cubero.
De cara al proceso electoral, la ABC hizo un llamado a las candidaturas presidenciales para que incorporen estas propuestas en la agenda económica nacional, con un enfoque técnico y orientado a resultados, que permita impulsar la inversión, el empleo formal y un mayor bienestar para la población.