Por Carlos Segura
Recientemente, muchos medios de comunicación han publicado la preocupación y la necesidad de prohibir los dispositivos móviles en escuelas y colegios. Sin embargo, creemos que, más que prohibir, lo que se necesita es regular.
Dado que la ley es poco flexible, es necesario pensar en una regulación más que en una prohibición. La persona menor de edad debe aprender a usar la tecnología de forma responsable, por lo que es mejor supervisar y procurar el contenido que se les ofrece y el tiempo de duración en estas plataformas.
La cantidad de delitos informáticos relacionados con plataformas digitales hacia menores de edad está fuera de control. Esta discusión es un reflejo de la creciente preocupación social por el uso indiscriminado de plataformas digitales y el profundo impacto que ejercen sobre la salud mental de nuestra juventud.
Actualmente se ha demostrado que el uso excesivo de redes sociales y el tiempo de uso en los dispositivos tecnológicos tienen un impacto grave en los jóvenes. Por ejemplo, un estudio reciente revela que recibir un teléfono inteligente antes de los 13 años se asocia con peores resultados de salud mental, especialmente entre las mujeres.
Por ejemplo, pensamientos suicidas, desapego de la realidad, menor regulación emocional, disminución de la autoestima y problemas en la autoimagen, la confianza y la resiliencia emocional son algunos de los problemas graves que afronta esta población.
Los pensamientos suicidas muestran el cambio más pronunciado: el 48% de las mujeres de 18 a 24 años que adquirieron un teléfono inteligente a los cinco o seis años reportan pensamientos suicidas, en comparación con el 28% de quienes lo adquirieron a los 13 años. En Costa Rica, el año 2024 fue el año con más suicidios, según el Ministerio de Salud.
Como estadística, la edad promedio de inicio de uso de internet en Costa Rica es de 9 años, lo que subraya la precoz exposición a estos entornos digitales. Entre las mayores preocupaciones se destaca que el 30% de los niños y niñas de 9 a 17 años ha sido contactado por personas desconocidas en línea.
Sin olvidarnos de la adicción digital, que puede manifestarse como un desplazamiento sin fin de publicaciones, agrava estos efectos negativos, al desviar a los jóvenes de actividades esenciales para su desarrollo, como la interacción en persona y el sueño.
¿Hacen falta medidas de control?
Sobre estos temas, desde el punto de vista jurídico, la discusión necesaria se dirige a nuestras instituciones y nuestras leyes. Los entes y órganos que deben velar por el cuidado de nuestros niños y jóvenes deben actuar rápidamente.
Es aquí donde nuestro país ha quedado rezagado por más de dos décadas. La falta de sensibilización contra estos males ha causado un terrible daño en la salud mental de la población menor de edad en Costa Rica.
Otros países ya están implementando leyes al respecto, como por ejemplo Australia, España, Francia o el estado de la Florida en Estados Unidos. Lo que demuestra un reconocimiento global de la problemática. Sin embargo, en Costa Rica, la respuesta ha sido notoriamente limitada.
Instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Asamblea Legislativa, deben presentar una iniciativa integral que aborde la raíz del problema, que es el acceso y el uso de plataformas sin regulación por parte de los menores de edad.
Es cierto que se han dado pasos importantes en nuestras leyes, como por ejemplo la Ley N.° 9135, que reforma los artículos 196, 196 bis, 230, 293 y 295 y adiciona el artículo 167 bis al Código Penal, que establece una penalización directa para el “grooming” (seducción o encuentros con menores por medios electrónicos). Sin embargo, aún es insuficiente.
A veces se defiende la libertad de expresión, de información y el derecho a la educación digital como pretexto para no reconocer el daño y la problemática que causa los dispositivos móviles en la salud mental de los niños. Estos argumentos no deben detener el derecho a la salud y el interés superior del niño. A veces nos cuesta la autocrítica.
Es urgente actualizar la normativa.
En la legislación costarricense no se establecen marcos regulatorios que obliguen a controles de edad o mecanismos de protección de datos personales adecuados para la población infantil y adolescente.
Además, las leyes abordan las consecuencias después de los delitos, pero no previenen el acceso indebido al espacio digital ni imponen sanciones contundentes a las plataformas por la falta de medidas preventivas.
Es urgente exigirle al Estado, a las plataformas digitales y a los padres de familia la regulación y el control social de estas necesidades. Es imperativo que asuman un rol proactivo y diseñen políticas públicas y marcos legales que garanticen la seguridad digital de los menores.
Es urgente una identidad digital para menores de edad.
Se hace indispensable complementar la legislación existente, como la Ley 9135, con marcos regulatorios que establezcan un régimen de responsabilidad para las plataformas digitales, obligándolas a implementar controles de edad robustos, mecanismos de protección de datos personales y herramientas de denuncia y moderación eficaces para menores.
Se requiere fortalecer programas de prevención digital desde el Sistema Nacional de Protección Integral y el PANI, integrando temas de salud mental y alfabetización digital a niños, niñas y padres de familia
Se debe de establecer programas de formación obligatoria para padres y tutores sobre riesgos digitales y supervisión responsable según la edad y nivel de madurez del menor.
También sería adecuado analizar la posibilidad de establecer sanciones a plataformas digitales e instituciones por falta de controles, o por no implementar controles de edad robustos y mecanismos de protección de datos personales.
Promover el derecho a la educación es también promover el derecho a la salud mental y al crecimiento íntegro. No prospera la educación en entornos violentos, que atentan contra la integridad de los niños y jóvenes. Por eso, promover tecnologías de verificación de edad y protección de menores, adoptadas por plataformas y reguladas por el Estado, se convierte en una necesidad urgente en nuestros días.