La Fiscalía grabó en video declaraciones de Gilbert Bell, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano, alias “Compadre”, antes de que ambos fueran extraditados este jueves a Estados Unidos. El ministro de Justicia cuestionó la actuación del fiscal general.
La Defensoría de los Habitantes abrirá una investigación a raíz de la información remitida este jueves por la Fiscalía General de la República sobre presuntos malos tratos y actos de tortura denunciados por dos privados de libertad que permanecieron recluidos en el Circuito de Alta Contención del sistema penitenciario nacional.
La institución informó que recibió la documentación de la Fiscalía a la 1:37 p. m. de este jueves 13 de agosto y anunció que formalizará una intervención para investigar los hechos. Una vez analizados los datos, también valorará realizar una inspección para recopilar prueba sobre las condiciones materiales de detención y los protocolos de custodia aplicados por la Policía Penitenciaria.
La denuncia surgió pocas horas antes de la extradición hacia Estados Unidos de Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, quienes fueron entregados este jueves a autoridades estadounidenses para enfrentar procesos relacionados con presunto tráfico internacional de drogas.
Según confirmó el fiscal general, Carlo Díaz, ambos hombres realizaron amplias manifestaciones antes de salir del país y aseguraron haber sido víctimas de supuestas torturas mientras permanecieron recluidos en el centro penitenciario de alta contención. Las declaraciones fueron registradas en video con consentimiento de los privados de libertad.
Entre los señalamientos, Bell aseguró que durante sus primeros meses de reclusión permaneció sin cobija y pasó largos periodos sin exposición a la luz natural. También afirmó haber perdido unos 45 kilos de peso debido a problemas con la alimentación, denunció dificultades para recibir una dieta adecuada a su condición de celiaquía, limitaciones para acceder a medicamentos y la presencia de ratas, cucarachas y palomas en las instalaciones. Todas estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser verificadas mediante la investigación correspondiente.
Por su parte, Lozano denunció una supuesta privación del sueño, al asegurar que durante la noche funcionarios llegaban a su celda cada 30 o 45 minutos, lo alumbraban con luces intensas y lo despertaban. También afirmó que personal de la Unidad Especial de Intervención (UEI) habría ingresado armados al centro penitenciario.
Díaz manifestó que, ante la gravedad de los señalamientos, corresponde investigarlos independientemente de quiénes sean las personas que realizan la denuncia. El fiscal anunció que la información sería puesta en conocimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía de Ejecución de la Pena y los jueces de Ejecución de la Pena.
La Defensoría recordó que Costa Rica es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo, instrumentos que establecen la obligación de prohibir de manera absoluta la tortura.
MINISTRO DE JUSTICIA CUESTIONA POSICIÓN DEL FISCAL GENERAL
Las declaraciones del fiscal generaron una fuerte reacción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien mediante sus redes sociales cuestionó que las denuncias realizadas por Bell se convirtieran, a su criterio, en la principal preocupación del jefe del Ministerio Público.
El jerarca señaló que el país celebraba la extradición de una persona señalada por narcotráfico y cuestionó que el fiscal general centrara su atención en las manifestaciones de Bell sobre presuntos malos tratos. En su publicación sostuvo que, mientras Costa Rica combate el narcotráfico, resulta lamentable que el fiscal se muestre preocupado por personas vinculadas con actividades que han generado violencia y drogas en el país.
Aguilar cerró su publicación con la frase: “Cada quien escoge sus prioridades…”
