La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica expresó su preocupación por la aprobación en segundo debate legislativo del proyecto de ley N.º 23.908, relacionado con las estafas electrónicas contra clientes del sistema financiero.
La organización gremial indicó que, aunque comparte la preocupación nacional por el aumento de estos delitos, la normativa aprobada presenta debilidades que podrían afectar el funcionamiento del sistema financiero y generar consecuencias no previstas para los usuarios.
Según el sector financiero, las estafas electrónicas son cometidas por estructuras criminales cada vez más sofisticadas, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado y que incluso operan fuera del sistema financiero formal. Por esta razón, consideran que el combate a este tipo de delitos requiere una estrategia integral del Estado que incluya prevención, educación digital, persecución penal efectiva y coordinación interinstitucional.
La Cámara señaló que diversos análisis técnicos han advertido que el proyecto aprobado podría generar inseguridad jurídica, distorsiones en el sistema financiero y trasladar controversias hacia procesos judiciales más complejos.
Asimismo, indicaron que trasladar de forma amplia o automática la responsabilidad económica hacia las entidades financieras no contribuye a desarticular las redes criminales responsables de estas estafas y podría generar presiones adicionales sobre los costos del sistema financiero.
De acuerdo con la organización, estos efectos eventualmente podrían traducirse en mayores costos operativos y condiciones más restrictivas para el acceso al crédito, lo que impactaría a hogares, emprendedores, pequeñas y medianas empresas.
También advirtieron que, si el acceso al sistema financiero formal se encarece o se restringe, algunas personas podrían verse empujadas hacia mecanismos informales de financiamiento, donde no existen garantías ni protección al consumidor.
Ante este escenario, la Cámara de Bancos reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para identificar ajustes regulatorios que permitan combatir de manera más efectiva el fraude electrónico y fortalecer la seguridad financiera de los usuarios.