La Contraloría General de la República (CGR) le negó la solicitud al Ministerio de Justicia para extender el plazo del contrato vigente en monitoreo electrónico, que actualmente permite a 1.800 personas utilizar brazaletes electrónicos en vez de estar en un centro penitenciario.
El Ministerio de Justicia invocó el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa normativa que permite a la Administración modificaciones unilaterales a los contratos previo cumplimiento de una serie de supuestos.

“Hemos recibido respuesta de la Contraloría General de la República en relación con el artículo 208, sobre el cual les habíamos solicitado la posibilidad de extender el contrato actual de monitoreo electrónico. La Contraloría nos ha denegado la solicitud en esta ocasión. Por lo tanto, estamos analizando los criterios que ellos nos exponen en su oficio”, detalló la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.
La jerarca admitió que existe preocupación en relación con las 1.800 personas que en la actualidad forman parte de la modalidad de vigilancia electrónica. “No obstante, para preservar la seguridad ciudadana estaremos valorando todas las posibilidades jurídicas para atender esta situación”, hizo hincapié la ministra.
La Contraloría indicó que para iniciar el procedimiento de extensión del contrato es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. Ese contenido lo solicitó, a mediados de enero, el MJP al Ministerio de Hacienda en el presupuesto extraordinario que estaría por enviarse a la Asamblea Legislativa en los próximos días.
La necesidad de estos recursos había sido manifestada desde setiembre pasado por la jerarca ante la Comisión de Asuntos Hacendarios en la defensa del proyecto de presupuesto 2021.
La CGR también cuestionó la vigencia del contrato con la ESPH –que se vence el 27 de febrero del 2021– así como la constancia de que el precio se va a mantener en caso de una extensión.
Sobre el primero de estos puntos, la Proveeduría Institucional tiene documentada esa fecha como plazo del vencimiento, mientras que, en lo segundo, no se ha iniciado ninguna negociación con el contratista, justamente al estar el MJP a la espera del aval contralor para extender el contrato vigente.
Cartel licitatorio público internacional
Tal como informó ayer el Ministerio de Justicia y Paz, la comisión a cargo de preparar los documentos para la licitación del servicio de monitoreo electrónico presentó este jueves a la Ministra el borrador para aprobación del compendio de todos los documentos que serán utilizados para el lanzamiento de la licitación pública internacional. La jerarca informó que la idea es lanzar la convocatoria a la mayor brevedad, una vez que hayan incorporado sus observaciones finales.
Paralelamente, para preservar la seguridad ciudadana, la cartera analiza todos los mecanismos a su alcance para garantizar que el servicio de monitoreo electrónico no se vea desestabilizado mientras se contrata el nuevo proveedor, ya que la modalidad no solo es de provecho para las personas adscritas a ella en términos de inserción social, sino también para la hacienda pública por los elevados costos que supondría el tener que suspenderla temporalmente.