Un estudio desarrollado por la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) reveló que algunas mujeres vinculadas al crimen organizado en Costa Rica han llegado a ocupar posiciones de liderazgo dentro de estructuras criminales, utilizando estrategias menos violentas que sus pares masculinos.
La investigación señala que, aunque muchas mujeres desempeñan funciones operativas como campanas, vendedoras terminales, administradoras o gerentes de zona, algunas alcanzan niveles de mando y toman decisiones estratégicas dentro de organizaciones relacionadas con el narcotráfico.
Según explicó la investigadora Karla Salazar Sánchez, el estudio cuestiona la idea de que el liderazgo criminal es exclusivamente masculino. “Algunas alcanzan cierto nivel de liderazgo en estructuras familiares y de mediana escala con estrategias más calculadas y menos violentas”, indicó.
El informe se da en medio de un contexto de creciente violencia en el país. La UNED recordó que Costa Rica registró 905 homicidios dolosos en 2023, la cifra más alta de su historia reciente, mientras que en 2024 y 2025 los casos se mantuvieron por encima de los 800 anuales.
Además, datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que las mujeres también se están convirtiendo cada vez más en víctimas de la violencia ligada al crimen organizado. Solo en 2025 se contabilizaron 85 homicidios de mujeres, de los cuales 43 estuvieron relacionados con ajustes de cuentas o venganzas.
La investigación también reconstruyó las trayectorias de vida de mujeres vinculadas al narcotráfico y concluyó que factores como la exclusión social, la violencia, la precariedad laboral, la maternidad temprana y la falta de oportunidades educativas influyen en su participación dentro de estas estructuras.
De acuerdo con cifras del Sistema Penitenciario, en 2024 había 1.351 mujeres en conflicto con la ley y un 40,5% enfrentaba procesos por delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos. Asimismo, el 79% no concluyó la secundaria.
El estudio plantea la necesidad de impulsar políticas públicas con enfoque de género, programas de reinserción social y alternativas educativas que permitan prevenir la vinculación de mujeres al crimen organizado y ofrecer opciones reales de inclusión social.