La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que anoche concluyó su exposición y fundamentación en la audiencia de medidas cautelares que se desarrolla en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, en relación con el caso 1-000025-1218-PE, conocido como «Cochinilla».
En esa última intervención, la Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva en contra de 14 de las personas imputadas; en contra de otras 16 se requirió otro tipo de medidas no privativas de libertad, entre estas, suspensión del cargo.
| Con solicitud de prisión preventiva | Con solicitud de otro tipo de medidas cautelares |
| Cerdas Araya | Bonilla Guillén (mujer) |
| González Carballo | Chaves Mora (funcionaria pública) |
| Bolaños Salazar | Rojas Monge (funcionario público) |
| Solís Vargas (mujer) | May Cantillano (funcionario público) |
| Martínez Martínez | Zamora Zamora (funcionario público) |
| Solís Murillo | Rodríguez Araya (funcionario público) |
| Arce Alpízar | Sánchez Castro (funcionario público) |
| Madrigal Rímula (funcionaria pública) | Rivera Campo (funcionario público) |
| Fallas Zúñiga (funcionario público) | Quesada Pérez (funcionario público) |
| Herrera Chacón | Ortiz Vega (funcionario público) |
| Cervantes Morales | Lobo Bejarano (funcionario público) |
| Castro Rodríguez | |
| Abarca Quesada | Monge Hernández (funcionaria pública) |
| Carmona Rivas (funcionaria pública) | Quesada Aguirre (ex funcionario público) |
| Mora Obando (funcionario público) | Solís Vargas (ex funcionaria pública) |
| Ureña Villalobos (funcionario público) |
Según la Fiscalía, la petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, señaló la Fiscalía, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva.
La Fiscalía aseguró que las medidas cautelares que requirieron al Juzgado Penal son proporcionales, necesarias y racionales para cada persona imputada, para, de este modo, garantizar el sometimiento y fines del proceso penal de cada una.
Desde hoy, el Juzgado escucha los alegatos de la Defensa de las personas investigadas, y posteriormente resolverá lo que corresponda
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