El primer decreto de la presidenta Laura Fernández al asumir el gobierno fue cambiar el año carcelario a 365 días, a diferencia de lo que estaba en este momento que eran ocho meses. Mostró su empatía con las víctimas de la criminalidad, aunque aseguró que el país continuará a nivel internacional siendo ejemplo de respeto a los derechos humanos.
Aseguró que su administración impulsará una política de “mano dura” contra el crimen organizado y buscará reformas profundas en materia de seguridad y justicia.
La mandataria también anunció la apertura de la mega cárcel y de uno de los centros de vigilancia policial “más modernos del mundo”, aunque advirtió que las obras no serán suficientes “si los jueces siguen soltando delincuentes peligrosos” o si las leyes continúan favoreciendo “la cultura del pobrecito”.
La gobernante indicó que “no puede normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen” y sostuvo que el narcotráfico ha encontrado “grietas” dentro del sistema nacional. En ese contexto, insistió en que el país requiere decisiones “sin miedo y sin vacilaciones”.
Reiteró en varias ocasiones que se considera “la heredera del cambio” impulsado en los últimos cuatro años y aseguró que gobernará con una forma distinta de hacer política, basada en resultados y rendición de cuentas.
Además, convocó a diputados y jueces “honestos” a trabajar en conjunto para recuperar la seguridad del país y defendió la necesidad de modernizar el Estado, reducir instituciones públicas y acelerar proyectos de infraestructura.
En el cierre de su discurso, la nueva presidenta aseguró que no “aflojará” en las decisiones de su gobierno y prometió fortalecer las acciones contra el crimen organizado y las pensiones de lujo, así como impulsar jornadas laborales más flexibles y nuevas obras de desarrollo nacional
