Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes evidenció inconsistencias en la información sobre órdenes sanitarias emitidas a centros de cuido y larga estancia para personas adultas mayores, lo que genera preocupación sobre la protección de esta población vulnerable.
El análisis, que abarca el periodo entre 2019 y 2025 —con mayor incidencia en los últimos dos años—, determinó que existe una diferencia significativa entre los datos reportados por el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
Mientras el CONAPAM informó únicamente seis establecimientos con órdenes sanitarias, el Ministerio de Salud registró al menos 36 centros en esa condición durante los últimos años.
Según el informe, estas órdenes presentan distintos estados: algunas están pendientes de cumplimiento, otras cuentan con plazos vigentes y algunas ya fueron corregidas. Sin embargo, la falta de coordinación entre instituciones genera vacíos en el seguimiento de los casos.
Uno de los ejemplos señalados corresponde a un hogar en el cantón de Mora, donde las autoridades sanitarias notificaron al CONAPAM sobre una situación que incluso derivó en una denuncia ante el Ministerio Público por un posible delito de abandono de personas adultas mayores. A pesar de ello, no se obtuvo respuesta del ente rector.
Asimismo, se identificó un caso de cierre técnico que no figura en los registros del CONAPAM, pese a que en el mismo sitio se intenta habilitar un nuevo hogar bajo otra figura jurídica, sin cumplir con los requisitos establecidos.
También se detectaron discrepancias en casos específicos: un hogar en Esparza y otro en Quepos aparecen con órdenes sanitarias según el CONAPAM, pero no están registrados como tales por el Ministerio de Salud.
La Defensoría enfatizó que las órdenes sanitarias no son simples trámites administrativos, sino herramientas fundamentales para garantizar derechos como la salud, la integridad personal y una vida digna de las personas adultas mayores.
Ante este panorama, se recomendó fortalecer la coordinación entre ambas instituciones, mejorar la depuración de datos y establecer protocolos claros de comunicación y actuación.
Entre las medidas sugeridas, se plantea que el CONAPAM defina una ruta de trabajo para identificar centros en riesgo de cierre y gestionar oportunamente la reubicación de residentes, mientras que al Ministerio de Salud se le insta a garantizar la comunicación inmediata y documentada de todas las órdenes sanitarias emitidas.
La Defensoría concluyó que la protección de las personas adultas mayores requiere una respuesta articulada, preventiva y eficiente por parte del Estado, sin espacio para retrasos ni acciones aisladas.