La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitó al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José la imposición de una medida cautelar para suspender de manera inmediata el permiso que autoriza la tala de 751 árboles dentro de una finca ubicada en playa Panamá, en Sardinal de Guanacaste.
La gestión fue presentada el pasado 15 de mayo, y actualmente se está a la espera de que el juzgado resuelva la solicitud planteada por el Ministerio Público.
Según informó la Fiscalía, la petición se realizó ante el riesgo de una posible afectación irreversible al ecosistema de la zona. Por esa razón, también se pidió ordenar a la empresa concesionaria y a cualquier tercero abstenerse de realizar actividades de tala, eliminación de cobertura vegetal, movimiento de tierra, construcción o cualquier otra intervención material que pueda afectar el sitio mientras se mantenga vigente la investigación.
El permiso cuestionado fue otorgado por el Área de Conservación Tempisque y está relacionado con el proyecto turístico denominado Bahía Papagayo, impulsado por la sociedad Enjoy Hotels & Resorts S.A.
Como parte de las medidas solicitadas, la Fiscalía también pidió la anotación registral del proceso penal al margen de la finca concesionada 5-2168-Z-000. El objetivo de esta gestión es advertir sobre la existencia de la investigación y garantizar la eficacia de las medidas cautelares requeridas.
Además, se gestionó comunicar la medida al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Instituto Costarricense de Turismo y otras autoridades administrativas competentes, con el fin de garantizar la conservación y protección integral del área investigada.
La investigación busca determinar la posible comisión de delitos relacionados con cambio de uso del suelo en terrenos boscosos, incumplimiento de deberes, prevaricato y falsedad ideológica.
De acuerdo con el Ministerio Público, existen elementos técnicos y periciales que apuntan a que el inmueble presenta características de ecosistema boscoso protegido por la Ley Forestal, pese a que el permiso de corta fue aprobado mediante la figura de inventario forestal.