Lo que inició como una necesidad administrativa de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para concretar la nacionalización de dos embarcaciones, concluyó con una sentencia condenatoria contra un funcionario público y un empresario, tras comprobarse la adjudicación irregular de un servicio millonario con fondos públicos.
El juicio finalizó el 9 de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) logró que Félix Pecou Johnson, jefe del Departamento de Proveeduría de JAPDEVA, y Javier Fonseca Castañeda, empresario, fueran sentenciados a ocho años de prisión cada uno, por dos delitos de peculado.
Además, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Mientras la sentencia queda en firme, ambos deben cumplir medidas cautelares, entre ellas firmar una vez al mes, mantener el domicilio actualizado, entregar el pasaporte y cumplir con la prohibición de salida del país.
HECHOS SE REMONTAN AL AÑO 2005
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el año 2005, cuando JAPDEVA inició un proceso de contratación directa para nacionalizar la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere.
El Departamento de Proveeduría invitó a cinco empresas para realizar los trámites de desalmacenaje y nacionalización; sin embargo, se adjudicó el servicio a Fonseca Castañeda, a pesar de que no estaba habilitado como agente aduanero y sin que su oferta fuera la mejor bajo criterios técnicos.
La adjudicación se realizó en julio de 2005, por un monto total de ₵168.712.580,14 en fondos públicos, destinados al pago de impuestos y cargas tributarias.
USO DE INFORMACIÓN FALSA Y BENEFICIO INDEBIDO
Según logró comprobar la FAPTA, mediante engaño y el uso de un tercer imputado ya fallecido, quien sí estaba autorizado como agente aduanero, los imputados incorporaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA), lo que permitió realizar un pago significativamente menor al que correspondía.
De esta forma, se pagaron aproximadamente ₵89.000.000, generando un beneficio indebido superior a los ₵76.000.000, monto que no fue justificado ni reintegrado a JAPDEVA.
SEGUNDO DELITO POR NUEVO GIRO DE FONDOS
El segundo delito de peculado se configuró en agosto de 2005, cuando Pecou Johnson autorizó un nuevo pago bajo el argumento de que las embarcaciones habían caído en abandono por no haberse nacionalizado a tiempo, lo que supuestamente generaba un costo adicional.
Por este concepto se giraron ₵39.347.286,63, solicitados por Fonseca Castañeda, sin respaldo documental alguno, lo que provocó un perjuicio económico total superior a los ₵115.000.000 para la institución.