
El caso de esta empresa de buses Busetas Heredianas ha sido una larga historia, dado los problemas con los socios para la administración, y que, hasta finales del año anterior, ingresó la nueva Administración, que representa a los socios mayoritarios, quienes habían perdido el control de la empresa.
Y en esa transición se dio la pérdida de las unidades más nuevas, según denunció en su momento Diego Víquez, representante de los socios mayoritarios, tras asumir la dirección de la empresa.

Pero desde el 2018, cuándo la administración de la empresa estaba en otras manos, la ARESEP canceló la concesión a Busetas Heredianas según resolución RJD 081-2018 por malos tratos a los adultos mayores, al confirmar la denuncia de un adulto mayor por la negación de trasladar a esta población, de hecho, es una de las pocas empresas que no contaba con lector de cédulas para cumplir con el derecho que tienen las personas mayores de 65 años de viajar sin pagar el pasaje.
Sin embargo, en medio de la controversia se mantuvo la operación de la ruta en manos de la misma empresa, mientras oficios iban y venían entre instituciones.
El año anterior, en sesión del 5 de octubre del Consejo de Transporte Público, se conocen dos documentos, entre ellos el informe jurídico relacionado con la operación de las Busetas Heredianas, y se indica entre otras cosas en el acta: “…ante la presentación del informe técnico y la valoración del mismo, se concluye por la Junta Directiva que hay hallazgos de gravedad que ponen en riesgo la continuidad del servicio y el interés público, debido a que la posible afectación al esquema operativo que requiere el usuario, por lo que existe fundamento para iniciar u procedimiento administrativo sumario y asimismo, adoptar una medida cautelar administrativa dados los presuntos incumplimientos de la empresa…”
Y deciden tomar una medida cautelar que consiste en nombrar un operador provisional de la ruta 400 BS, para proteger el interés público de los usuarios para que no se vean afectados por incumplimiento en horarios o prestación del servicio, para ello dan diez días para que operadores cercanos que compartan un corredor común se presenten si están interesados en convertirse en el operador provisional.
La respuesta de la empresa no se hizo esperar y consistió en solicitar la nulidad absoluta de los dictámenes, acuerdos y resoluciones del Consejo de Transporte Público, procedimiento administrativo y constatación de violación de ley y solicita que varios miembros del CTP se inhiban para conocer el caso, esto caldeó los ánimos en la sesión, pero fue el propio ministro quien planteó que se buscara un órgano externo para conocer el caso, debido a los cuestionamientos, y que la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial del MOPT vuelva a realizar el estudio técnico y valore si efectivamente hubo fuerza mayor en ese caso y desde el punto de vista técnico se determine si la situación ha cambiado, además plantea que la Dirección Jurídica del MOPT realice un análisis jurídico del caso.
Todavía no ha salido la resolución del Área Jurídica del MOPT sobre las denuncias, ni sobre la cancelación o no de la concesión en acatamiento a lo determinado por la ARESEP.