El uso empresarial de sistemas de identificación mediante el rostro, las huellas dactilares o la voz avanza en Costa Rica en medio de vacíos regulatorios, especialmente cuando estas tecnologías se combinan con inteligencia artificial y decisiones automatizadas.
Aunque la Ley N.° 8968, vigente desde 2011, protege a las personas frente al tratamiento de sus datos personales, no desarrolla de manera específica todos los riesgos asociados con la biometría y la inteligencia artificial. Pronunciamientos jurídicos y documentos de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes reconocen los datos biométricos dentro de las categorías que requieren una protección especial.
Alejandra Peña Quesada, docente de Derecho de la Universidad Fidélitas, explicó que esta información debe considerarse sensible porque permite identificar de manera inequívoca a una persona.
“La ley establece principios generales de consentimiento expreso, finalidad y seguridad en el tratamiento de datos, pero no desarrolla estándares técnicos ni obligaciones específicas cuando estos datos se procesan mediante sistemas de IA”, señaló.
EMPRESAS ENFRENTAN RIESGOS LEGALES
Los sistemas de reconocimiento facial ya se utilizan en áreas como seguridad y videovigilancia. Estas tecnologías capturan y comparan patrones faciales con bases de datos, lo que genera interrogantes sobre el consentimiento, almacenamiento de la información, seguridad, acceso, auditoría y proporcionalidad de su uso.
Según Peña, la ausencia de lineamientos precisos puede afectar derechos fundamentales como la autodeterminación informativa y el debido proceso.
La situación representa un desafío para empresas de seguridad, entidades financieras, comercios y desarrolladores tecnológicos. Utilizar datos biométricos sin consentimiento expreso o sin protocolos adecuados podría exponerlas a sanciones administrativas, responsabilidad civil y cuestionamientos constitucionales.
El riesgo aumenta cuando un algoritmo se utiliza para perfilar, clasificar o excluir personas de oportunidades laborales, servicios financieros o el acceso a determinados espacios, sin que exista suficiente transparencia sobre los criterios empleados.
RECOMIENDAN EVALUAR EL IMPACTO
La especialista recomienda que las empresas realicen evaluaciones de impacto sobre la protección de datos antes de implementar estos sistemas.
También aconseja analizar si el uso de la biometría es realmente necesario y proporcional, establecer contratos claros con los proveedores tecnológicos, definir políticas internas, reforzar la seguridad de la información y mantener mecanismos de supervisión humana.
“No se trata de frenar la innovación, sino de gestionarla con gobernanza y transparencia”, afirmó.
Costa Rica cuenta con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Esta promueve una adopción responsable de la tecnología y contempla principios relacionados con ética, derechos humanos, transparencia y supervisión humana. Sin embargo, constituye una política pública y no sustituye una regulación legal específica sobre datos biométricos y decisiones automatizadas.
CONFIANZA TAMBIÉN ESTÁ EN JUEGO
Para Peña, establecer reglas claras permitiría proteger los derechos de las personas, reducir la inseguridad jurídica y brindar mejores condiciones a las empresas que desean incorporar nuevas tecnologías.
La transparencia en el uso de información biométrica también resulta necesaria para fortalecer la confianza de consumidores, colaboradores e inversionistas.
“Costa Rica tiene la oportunidad de anticiparse y establecer reglas claras que equilibren desarrollo tecnológico y protección de derechos. Si no se actúa, la zona gris puede convertirse en un foco de litigios y de inseguridad jurídica”, concluyó la académica.
