La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dirigió 18 allanamientos este lunes, relacionados con una investigación por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
Los allanamientos se realizaron en casas ubicadas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas, incluyó también oficinas del Banco Popular y de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Durante los allanamientos, la Fiscalía ordenó detener a ocho personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo. Además de las capturas, el Ministerio Público busca prueba física y electrónica, para incluirla al expediente de la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial recibió una denuncia en la que se indicaba que, al parecer, un extrabajador de una empresa privada habría indicado a algunas personas que tenía un contacto en el BP para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Por otra parte, la entidad recibió informaciones acerca de posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.
Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez.
En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado.
El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 20-024657-0042-PE.