El Patronato Nacional de la Infancia confirmó, mediante su oficina de prensa, que desde ayer intervinieron en el caso del niño de seis años internado en el Hospital San Vicente de Paúl, cuyos padres -entre otras situaciones- se oponen a que sea vacunado contra la covid.
La Oficina local de Heredia procedió ayer mismo a conocer el informe presentado por el hospital el cual indica que hay riesgo social identificado, el cual expone a la persona menor de edad a una condición de vulnerabilidad. De forma inmediata se pidió información adicional para valorar la solicitud del Hospital, y están a la espera de recibirla para resolver por el fondo según corresponda.
“Hago un llamado a proteger los derechos de los niños y las niñas, respondiendo a la legislación nacional e internacional que los resguarda en forma especial y garantiza su protección integral. Esto incluye el respeto por el debido proceso, por lo que reprochamos los hechos tan lamentables sucedidos en el Hospital San Vicente de Paul y rechazamos cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo la vida y la salud de pacientes, personas usuarias y del personal del Hospital”, indicó la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez.
En atención al principio del Interés Superior del Niño y la Niña, el Sistema Nacional de Protección, compuesto por todas las instituciones y la sociedad, tienen un mandato legal para que cuando se detecte una situación de riesgo sea atendida de forma diligente y en estrecha coordinación con las otras instituciones, detalló.
La jerarca recordó que la vacunación en personas menores de edad es obligatoria para niños de 5 años en adelante y atañe al personal de salud determinar lo correspondiente. Las personas menores de edad con factores de riesgo o predisponentes han sido priorizados por el Ministerio de Salud y la CCSS para recibir la dosis de la vacuna, agregó la ministra Jiménez.
En este contexto, los padres de familia en el ejercicio de su autoridad parental tienen la obligación de ejercer la guarda, crianza y educación de forma responsable hacia sus hijos e hijas y hay un deber de vigilar que el esquema de vacunas obligatorio esté completo.
Todas las personas menores de edad son sujetos de derechos y corresponde a la sociedad en general y al Estado que en toda decisión prive el interés superior y que no se haga un uso abusivo o pongan en riesgo a las personas menores de edad cuando se ejerce la patria potestad.