De acuerdo con el informe preliminar, la investigación que llevó a los allanamientos y detención de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y su presidenta ejecutiva, habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) del país.
Esto pese a un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, donde se indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos, pues significaban un aumento aproximado del 33%, por lo que le saldría más costoso a la institución brindar el servicio y esto no se apega al Principio de Menor Costo, que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud.
Pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la CCSS de declarar infructuosa dicha contratación, los imputados a sabiendas del perjuicio económico que sufriría la institución, aparentemente procedieron a aprobar dichos contratos y dejaron de lado los criterios técnicos.
Los sindicatos de la CCSS denunciaron que se estaba perjudicando a la institución con un sobreprecio en esa adjudicación, que incluso fue aprobado un sábado, pese a que las sesiones de la entidad son jueves de manera ordinaria y lunes extraordinarias.
