Gilberth Hernán de los Ángeles Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, pasó de ser reconocido públicamente como empresario pesquero en Limón a convertirse en uno de los costarricenses más señalados por las autoridades nacionales y estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.
Bell Fernández, de 63 años, está siendo trasladado a Estados Unidos la mañana de este jueves 13 de agosto, para enfrentar un proceso penal por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitó su extradición al sostener que el costarricense habría liderado una organización dedicada al acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia territorio estadounidense.
Con su entrega a la DEA, “Macho Coca” se convierte en el cuarto costarricense extraditado al extranjero por acusaciones de narcotráfico después de la reforma constitucional que permitió entregar nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo. Los primeros fueron Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, extraditados a Estados Unidos el 20 de marzo de 2026. Posteriormente, José Johnny Angulo Fernández, alias “John Cadenas”, fue enviado a Italia. Bell sería, por tanto, el tercer costarricense entregado específicamente a Estados Unidos.
De la pesca a las investigaciones judiciales
Durante décadas, Bell construyó una imagen pública vinculada a la pesca y a diferentes actividades empresariales en la provincia de Limón. Llegó a poseer varias embarcaciones y licencias de pesca y recibió combustible de INCOPESCA a precio preferencial mediante el sistema administrado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). En 2015 también formó parte de la Comisión Asesora de Pesca del Caribe de esa institución, cargo del que posteriormente fue separado.
Ese mismo año compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Durante aquella comparecencia defendió el origen de sus actividades comerciales y aseguró dedicarse a la pesca, el trabajo y su familia. La Asamblea Legislativa investigaba entonces la construcción de infraestructura en Bahía Portete, Limón, incluyendo un muelle ubicado en terrenos de dominio público.
La investigación sobre el muelle tomó fuerza en 2015. Autoridades realizaron un amplio operativo en Portete, donde localizaron decenas de personas y embarcaciones, además de bodegas y otras estructuras. Posteriormente se realizaron allanamientos en propiedades relacionadas con Bell y las autoridades decomisaron dinero en efectivo. En aquella investigación también se señaló la presunta participación de oficiales que habrían colaborado con una organización dedicada al traslado de drogas.
Con el paso de los años, el nombre de “Macho Coca” continuó apareciendo en diferentes investigaciones policiales y judiciales, entre ellas causas relacionadas con narcotráfico, legitimación de capitales y, más recientemente, presunto robo de combustible.
Estados Unidos lo incluyó en lista de sanciones
El caso adquirió dimensión internacional el 15 de noviembre de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bell Fernández. El Gobierno estadounidense lo describió como uno de los traficantes de drogas más fuertes en Limón y sostuvo que habría desempeñado un papel importante en el movimiento de grandes cantidades de cocaína. La sanción implicó el bloqueo de bienes e intereses de su propiedad que estuvieran bajo jurisdicción estadounidense.
Dos años después, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente su extradición para que enfrente un proceso por presunto tráfico internacional de cocaína.
Según la documentación judicial conocida en Costa Rica, las autoridades estadounidenses sostienen que Bell habría encabezado una estructura que mantenía contactos para comercializar cocaína y que incluso negoció el eventual envío de 700 kilogramos de droga hacia Nueva York. Estas imputaciones forman parte de la acusación estadounidense y deberán ser conocidas por los tribunales de ese país.
Un proceso de extradición con giros
La extradición tuvo inicialmente un obstáculo. En marzo de 2026, un juez de Limón rechazó entregar a Bell al considerar que los hechos atribuidos por Estados Unidos ocurrieron antes de la reforma constitucional de mayo de 2025 que permitió la extradición de costarricenses por narcotráfico y terrorismo.
La Fiscalía y la Procuraduría apelaron esa resolución y el 2 de junio de 2026, el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José revocó la decisión y autorizó su extradición de manera diferida.
En ese momento todavía existía un proceso pendiente en Costa Rica conocido como PetroCoca, en el cual Bell era investigado por el robo de combustible a Recope. Posteriormente, el Juzgado Penal de Limón suspendió esa causa mediante un criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público, eliminando uno de los principales obstáculos para concretar su entrega a Estados Unidos, dado que no pueden ser extraditados mientras tengan procesos abiertos en el país.
Así, el empresario pesquero que hace más de una década compareció ante diputados para defender el origen de su patrimonio y sus actividades comerciales enfrentará ahora a la justicia estadounidense, que lo acusa de haber ocupado una posición de liderazgo dentro de una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína.
