El Juzgado Penal de San José dictó las medidas cautelares contra las personas detenidas en varios allanamientos el 25 de junio, en el denominado caso Madre Patria.
Contra veinte de los detenidos dictaron un año de prisión preventiva como sospechosos de conformar una organización criminal, a la cual se le vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
Contra los oficiales de tránsito y el funcionario del CTP el Juzgado dictó un año de suspensión del cargo y se les ordenó la firma periódica, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos.
En el caso de los notarios vinculados al caso, el Juzgado estableció un año de inhabilitación para ejercer notariado, firma periódica, y contra uno de ellos, además, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos.
La resolución del Juzgado Penal de San José fue comunicada a las partes esta mañana.
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Personas imputadas
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Medida cautelar impuesta
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León Muñoz (nacionalidad española), Jiménez Arias, Arrieta Solano, Rodríguez Hidalgo, Fernández Gustavino, Gómez González (nacionalidad española), García Núñez, Prenda Matarrita (abogado y notario), González Araya, Herrera González, Chaves Arias (abogado y notario), Rojas Rojas, González Pinto (abogada y notaria), Venegas Marín (funcionario judicial), Marín (de nacionalidad colombiana), Loaiza Bolandi (abogado y notario), Barrientos Campos, Herrera Vega y Pérez Barboza.
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Un año de prisión preventiva
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González Jiménez y Aguilar Zúñiga.
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Un año de arresto domiciliario e inhabilitación para ejercer notariado.
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Fernández Bonilla.
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Un año de inhabilitación para ejercer notariado y se le ordenó la firma periódica, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos.
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Oficiales de tránsito: Alvarado Amador, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños.
Funcionario del CTP: Rosales Apu
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Un año de suspensión del cargo y se le ordenó la firma periódica, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos.
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