La noche del martes 30 de junio del 2026, las autoridades detectaron que uno de los oficiales, en apariencia, quiso meter artículos electrónicos sin la autorización correspondiente al Centro de Atención Institucional (CAI) Luis Paulino Mora, de San Rafael de Alajuela.
La alerta se activó alrededor de las 7 p. m., en los controles de ingreso que se aplican de manera obligatoria al personal policial y administrativo.
Al pasar por el ‘body scanner’, los oficiales detectaron que el funcionario de apellido Chaves portaba un cable USB y un adaptador para teléfono celular.
Al verificar la documentación, se constató que los dispositivos no contaban con el permiso requerido para su ingreso. El funcionario manifestó que olvidó tramitarlo.
De inmediato se activó el protocolo establecido, se coordinó con la Fiscalía de Alajuela y el oficial fue trasladado a esa instancia judicial por el presunto delito de introducción de objetos electrónicos.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia y Paz abrirá un procedimiento disciplinario, conforme a la normativa institucional vigente. El funcionario acumula 38 años de servicio en la Policía Penitenciaria.
Como resultado de esta política, durante el 2026 un total de 37 funcionarios han sido procesados conforme a la normativa de cero tolerancia con la corrupción: 22 son oficiales de la Policía Penitenciaria y 15 personal administrativo.