La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó su rechazo al proyecto de ley denominado “Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada”, el cual se tramita bajo el expediente 23.908 y fue aprobado en primer debate por la Comisión Plena III.
Según indicó la organización, el texto es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no responde de forma estructural al combate del crimen organizado detrás de las estafas electrónicas.
La ABC también lamentó la decisión del Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de retirarse del gremio. Señaló que estas entidades han sido actores relevantes dentro del Sistema Bancario Nacional y que las preocupaciones sobre el proyecto de ley son compartidas.1).
La Asociación reiteró la necesidad de contar con un marco legal para enfrentar las estafas electrónicas, pero sostuvo que cualquier legislación debe basarse en criterios técnicos sólidos, mantener un equilibrio de responsabilidades y enfocarse en sancionar a los responsables de los delitos.
Finalmente, anunció que continuará participando en el debate legislativo con el objetivo de impulsar una regulación que proteja a las personas usuarias y preserve la confianza en el sistema financiero.
La reacción luego que la semana anterior los tres bancos estatales anunciaran que se retirarían de esta organización en caso que estuvieran apoyando esta reforma.
