Ante una serie de denuncias e indicios sobre irregularidades, el día de ayer, esta mañana la Fiscalía Ambiental, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, decomisaron dos jaguares que se encontraban en cautiverio, en una finca ganadera en Río Cuarto de Alajuela.
Los dos animales estaban enjaulados en una finca ganadera de la zona, contraviniendo la ley, y se desconoce el propósito para el que se tenían, así como la forma en que fueron adquiridos por el finquero. (Video)
La fauna silvestre es de todos los costarricenses, por ende, el Estado debe de garantizar su conservación y el manejo técnico para las presentes y futuras generaciones.
Los veterinarios del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional los anestesiaron para poder hacer una revisión del estado de su salud, condición física en que se encontraban y posteriormente, colocarlos en las jaulas de transporte para ser llevados a un Centro de Rescate autorizado para su valoración en detalle.
Los animales iniciarán un proceso de cuarentena y valoración técnica científica a cargo de profesionales especializados. Estas evaluaciones técnicas permitirán determinar la condición de los animales, sus posibles opciones de manejo y cómo podrán aportar a la conservación de otros felinos silvestres.
Además, se les colocó un microchip subcutáneo a cada uno que permite la individualización e identificación única a nivel mundial de estos animales en peligro de extinción.
Los animales silvestres son piezas fundamentales de los ecosistemas pues mantienen procesos ecológicos vitales; al ser removidos de su hábitat para ponerlos en cautiverio, se impide que desarrollen los roles ecológicos que tienen. Además, al estar en una jaula y no poder manifestar sus comportamientos naturales les ocasiona estrés y sufrimiento.
El deterioro de los ecosistemas y sus servicios esenciales reduce la calidad de vida de las personas, por eso el mantenimiento de los procesos ecológicos es un deber de los ciudadanos y el Estado para garantizar los beneficios que nos proveen de manera justa para todos los sectores de la sociedad civil.