Organizaciones del Magisterio y sectores sindicales presentaron un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que propone penas de prisión de entre 18 y 36 años, inconmutables y sin prescripción, para quienes incurran en la malversación de fondos de pensiones, obras sociales o infraestructura pública.
La iniciativa fue dada a conocer por la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), y plantea una reforma al artículo 356 del Código Penal con el objetivo de cerrar espacios de impunidad en el manejo de recursos públicos.
Durante la presentación, las organizaciones recordaron que las personas jubiladas del Magisterio cotizaron de manera obligatoria durante décadas, con aportes que, en muchos casos, superaron los de otros regímenes. Sin embargo, esos recursos no se consolidaron en un fondo de pensiones, sino que fueron utilizados por el Estado para otros fines, lo que derivó en la creación del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) y en posteriores recortes y congelamientos.
Las agrupaciones subrayaron que esta situación ha generado una narrativa errónea que desconoce el carácter contributivo de las pensiones del Magisterio y ha afectado derechos adquiridos. En ese contexto, señalaron que el proyecto busca corregir una distorsión histórica y proteger recursos que consideran esenciales para la inversión social.
Asimismo, destacaron que el desarrollo del capital humano ha sido uno de los principales activos del país, resultado de una apuesta sostenida por la educación pública. Recordaron que Costa Rica figura entre los países con desarrollo humano muy alto, según el Índice de Desarrollo Humano 2025 del PNUD, y ocupa posiciones destacadas en indicadores internacionales vinculados a educación y oportunidades.
Como parte del ejercicio de rendición de cuentas, las organizaciones informaron que solo cuatro candidaturas presidenciales manifestaron apoyo explícito a la propuesta: Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo, Douglas Caamaño y Ariel Robles, quienes respaldaron una iniciativa que corrija las afectaciones al RTR.
“El país que hoy compite y atrae inversión no se construyó por casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo del cuerpo docente y de una apuesta histórica por la educación pública. Proteger los recursos públicos y sancionar con firmeza su desvío es indispensable para recuperar la confianza en el Estado”, afirmó Miguel Sobrado, presidente de la AJA.
Las organizaciones insistieron en que el proyecto no responde a una coyuntura electoral, sino a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática, resguardar la inversión social y evitar que el desvío de recursos públicos vuelva a repetirse.