El país tiene un vacío legal que impide sanciones para quienes atentan contra la infraestructura del poliducto con el fin de sustraer combustible, lo que ha facilitado el incremento de los actos vandálicos.
Mediante el proyecto No 21447: “Ley sobre el apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, o mezclas de hidrocarburos”, se pretende elevar las penas por este delito, que ahora está tipificado como una contravención simple, lo cual ayudaría a controlar más el robo de combustibles.
La iniciativa fue enviada este mes de agosto por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias y está en el quinto puesto de la Comisión de Ambiente, a la espera de ser dictaminado. Finalizado el mes de agosto, será necesario que los legisladores aprueben una moción para que se incorpore al orden del día.
La propuesta busca también declarar de interés público el poliducto mediante el cual se trasiega la mayor parte de los combustibles que se consumen en el país, por tratarse de una infraestructura estratégica para la actividad económica nacional, pues permite garantizar el servicio público del suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, que por ley le ha sido encomendado a RECOPE.
Desde el 2016 se han localizado 480 tomas ilegales a lo largo de los 533 kilómetros de tubería que componen el poliducto, ubicándose la mayoría en la zona Atlántica, con una sustracción estimada en 14 millones de litros de producto, principalmente diésel y gasolinas, con un costo superior a los 7.000 millones de colones.
En las últimas semanas se han disparado los actos vandálicos contra la infraestructura del poliducto entre Turrialba y Limón, perjudicando a las comunidades cercanas a los sitios a donde se detectaron tomas ilegales o rupturas de la tubería.
También es importante considerar que los daños a las tuberías producen derrames que contaminan los suelos, los ríos y cuerpos de agua, pastizales y campos productivos, al tiempo que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas.