El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció que presentará una denuncia penal contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y contra fiscales que, según indicó, se negaron a tramitar por la vía penal varios casos relacionados con el intento de ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a centros penitenciarios.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, desde el 30 de abril del 2025 intentar ingresar celulares a una cárcel es delito, con penas de dos a cuatro años de prisión. Sin embargo, registros de la Policía Penitenciaria señalan que entre el 1.° de enero y el 6 de junio del 2026 se contabilizaron 90 decomisos que fueron enviados a la vía administrativa.
“Da pena, asco y vergüenza la actuación de la Fiscalía. Y aquí hay un único responsable y es usted Carlo Díaz, fiscal general de la República. Costarricenses, ¿ustedes saben cuánto cuesta pasar una ley? Una ley que se firmó hace un año exactamente, que meter celulares a la cárcel es un delito, como para que vengan fiscales a decir simplemente: ’No, eso no nos corresponde a nosotros, eso es un tema administrativo”, expresó el ministro Aguilar en conferencia de prensa de Consejo de Gobierno, en Casa Presidencial.
La Policía Penitenciaria considera especialmente preocupante que personas sorprendidas intentando introducir teléfonos celulares, chips y otros dispositivos de comunicación a centros penales no hayan enfrentado procesos penales pese a la existencia de una norma expresa que
sanciona estas conductas.
«Intentar meter celulares a una cárcel es delito desde el 30 de abril de 2025. Por esa razón denunciaremos penalmente al fiscal general de la República y a los fiscales que se negaron a procesar penalmente a decenas de personas, pese a que existe una ley vigente. Las reglas se
cumplen dentro y fuera de prisión. Ojalá no engaveten las denuncias», agregó el ministro.
La institución detalló que casi la mitad de esos casos, 44 en total, se detectaron mediante encomiendas. También se reportaron decomisos durante visitas generales, visitas íntimas, visitas de abogados y otras modalidades.
El caso más reciente ocurrió el domingo 6 de junio en la cárcel de Limón, donde oficiales penitenciarios decomisaron dos teléfonos celulares y cinco chips a un visitante que pretendía ingresar al centro penal.