América Latina y el Caribe han registrado, en promedio, un desastre de origen natural por semana durante los últimos 50 años, con cerca de 100.000 personas fallecidas y pérdidas económicas superiores a los US$360.000 millones, según un informe impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Mapfre y CAF–banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
El documento señala que, durante ese periodo, cuatro de cada diez personas de la región han sido impactadas por fenómenos como tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales.
De acuerdo con el análisis, el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, lo que agrava los riesgos para la población y eleva sus consecuencias económicas.
Además de destruir viviendas, estos eventos interrumpen cadenas logísticas, reducen ingresos y obligan a destinar recursos públicos a la atención de emergencias y la reconstrucción. Sus efectos también pueden prolongarse sobre el crecimiento económico, la pobreza y la estabilidad fiscal.
PREVENIR Y PREPARAR LA RECUPERACIÓN
El informe, titulado “Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas”, reconoce avances regionales en protección civil, prevención, alerta temprana y evacuación.
Sin embargo, plantea que estas acciones deben complementarse con mecanismos financieros que permitan responder con rapidez y acelerar la recuperación después de una emergencia.
El documento estima que se requiere una inversión de hasta US$31.000 millones anuales en infraestructura resistente a inundaciones y huracanes, así como movilizar otros US$15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres.
La propuesta busca que los países dispongan de fondos y reglas de actuación definidos antes de que ocurra una catástrofe, para reducir la improvisación y facilitar la reconstrucción.
SEGUROS Y FONDOS SEGÚN EL TIPO DE RIESGO
Los autores recomiendan utilizar reservas presupuestarias y fondos de contingencia para atender los incidentes más habituales y de menor impacto.
Para los eventos menos frecuentes, pero de mayor severidad, plantean recurrir a seguros, reaseguros, coberturas paramétricas y bonos catastróficos que ayuden a financiar la recuperación.
El análisis sitúa la brecha de protección aseguradora de la región en un 81 % y propone ampliar el acceso a mecanismos de cobertura, especialmente para la población y las pequeñas empresas que enfrentan barreras económicas, de información o de distribución.
También destaca que la rapidez de los desembolsos es fundamental para restablecer actividades y evitar que las pérdidas tengan consecuencias persistentes sobre el bienestar de las personas.
UNA PRIORIDAD PARA LOS ESTADOS
El informe presenta un decálogo que propone convertir la resiliencia financiera en una prioridad de Estado, reducir la brecha de protección y concentrar esfuerzos en los riesgos, infraestructuras, servicios y actividades cuya interrupción tenga mayor impacto social y económico.
Entre sus recomendaciones figuran establecer alianzas público-privadas con reglas claras, mantener coberturas sostenibles y garantizar pagos rápidos, transparentes y verificables.
Asimismo, plantea utilizar la innovación tecnológica y financiera para ampliar la protección, vincular los seguros con medidas de prevención y desarrollar capacidades compartidas entre los países iberoamericanos.
La propuesta reconoce que cada país debe avanzar según sus necesidades y posibilidades, con objetivos medibles para reducir riesgos y acelerar la recuperación.
El documento fue elaborado por Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, y presentado por la FIE a la Secretaría General Iberoamericana para su posible análisis en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid.
El informe está disponible en el sitio web de Mapfre: www.mapfre.com.
