El Ministerio de Justicia y Paz anunció el retiro inmediato de todos los televisores ubicados en las celdas de las personas privadas de libertad, como parte de una nueva política para fortalecer el control y la disciplina dentro de los centros penitenciarios del país.
La institución también eliminará las visitas íntimas entre privados de libertad, con lo cual finalizarán los traslados que actualmente se realizan entre diferentes cárceles para permitir estos encuentros. Según el Ministerio, estos desplazamientos representan un gasto para el Estado y requieren una compleja logística de seguridad.
La medida será oficializada mediante un decreto ejecutivo que se encuentra en proceso de elaboración. Además, se prohibirá que una persona civil realice visitas íntimas a más de un privado de libertad y se abrirán procedimientos disciplinarios contra los funcionarios que autoricen o faciliten estas situaciones.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, señaló que las disposiciones forman parte de una intervención profunda del sistema penitenciario, basada en el orden, el control, la disciplina y la cero tolerancia con la corrupción.
Junto con la eliminación de televisores y las restricciones a las visitas íntimas, se ordenó reubicar a los privados de libertad identificados como líderes dentro de los ámbitos penitenciarios, así como rotar a los directores de las cárceles y al personal destacado en Máxima Seguridad de La Reforma.
Junto a estas medidas también se ordenó la reubicación de los privados de libertad identificados como líderes de ámbitos, la rotación de los directores de los centros penales, así como la sustitución del personal destacado en el área de Máxima Seguridad de La Reforma. Además, la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional investigarán posibles enriquecimientos injustificados, estilos de vida y conductas sospechosas de funcionarios.
También se dispuso que cualquier trabajador penitenciario detenido por introducir drogas, artículos ilícitos o colaborar con organizaciones criminales sea recluido en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado.
El Ministerio indicó que estas acciones buscan eliminar privilegios, debilitar estructuras de poder criminal y recuperar la autoridad del Estado dentro de los centros penales. “En las cárceles no mandan las bandas criminales ni los funcionarios corruptos. En las cárceles manda el Gobierno, manda el Poder Ejecutivo, y así será en adelante”, enfatizó Aguilar.
El jerarca señaló que las disposiciones buscan fortalecer la autoridad del Estado, el cumplimiento de las normas y la integridad institucional dentro de los centros penitenciarios, con el objetivo de que su funcionamiento responda a la seguridad de la población costarricense.
