
“Costa Rica debe ser gobernada con mano dura”. Así piensa el 80.5% de la población que dijo estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con esta acepción. Por el contrario, un 16% manifestó estar “muy en desacuerdo” o “algo en desacuerdo”.
Esta respuesta consta en una de las preguntas que planteó el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) en la presentación de su informe Percepción de las personas adultas y jóvenes costarricenses sobre tópicos de economía y política, que se realizó en noviembre de 2024, a cargo de los investigadores Onésimo Rodríguez, de Idespo, y Mario Zúñiga, de la Universidad de Costa Rica.

La encuesta obtuvo esta percepción, para lo cual dividió la muestra en dos grupos: aquellos en el rango de 18 a 35 años y quienes tienen de 36 años en adelante. Las consultas se dividieron en tres polos, según su temática: el autoritario, el económico y el cultural.
La pregunta relacionada con el estilo en que el país debería ser gobernado corresponde al polo autoritario. En esta respuesta, resalta que a mayor edad (85%) y menor nivel de instrucción (primaria un 93% y secundaria 80%) existe mayor respaldo a esta idea, que tiene menos adeptos entre personas jóvenes (70%) y con formación universitaria (62%).
A pesar de lo anterior, un 85% indicó estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” en que la democracia es el mejor sistema para manejar los conflictos en la sociedad costarricense, versus un 12% que opinó lo contrario.
Bajo esta perspectiva, también un 72% del total de encuestados manifestó estar a favor de la idea de que el “presidente de la República está obligado a llegar a acuerdos con la oposición política”. Un 23% dijo estar en contra de este enunciado.
Esta consulta se enmarca en un contexto donde el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se caracteriza por los ataques y la confrontación, de acuerdo con el informe Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la UNA, presentado a inicios de mes.
Relacionado con esa capacidad de diálogo y entendimiento, las opiniones están más divididas cuando se propuso a los encuestados el enunciado de si “es inaceptable que los partidos de oposición limiten las iniciativas del presidente”. Un 51% dijo estar de acuerdo, mientras que un 44% indicó estar en desacuerdo.
En temas relacionados con la gobernanza en materia de seguridad y en un contexto donde el Gobierno ha propuesto la construcción de una cárcel para 5 mil reclusos, un 62% afirmó estar de acuerdo con la idea de que “gran parte de los problemas nacionales se resolverán cuando metan más delincuentes a la cárcel”. Las personas con menos niveles de instrucción apoyan esa medida (68% quienes tienen primaria y 65% secundaria), frente a los que han cursado estudios universitarios (48%).
En contraposición, tres cuartas partes de la población (75%) no ve con buenos ojos que “para combatir la delincuencia necesitamos suspender las garantías y los derechos humanos”, frente a un 21% que indicó estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo”.
Percepciones económicas
El polo económico abordó la opinión ciudadana sobre “qué tan sencillo o complicado es para la gente acceder a créditos bancarios”. Al respecto, 7 de cada 10 personas opinaron que efectivamente es complicada esta gestión y así lo piensa en su mayoría los jóvenes (64%), en comparación con los adultos de 36 años en adelante (78%).
El acceso a servicios de educación y salud privados, así como de recreación o espectáculos públicos también formó parte de la encuesta. Tanto en el ámbito educativo como en el de salud un 72% le otorgó una etiqueta de “complicado”. Las percepciones se equilibran más en actividades recreativas, en vista de que un 52% dijo que es sencillo optar por este tipo de entretenimiento.
Sobre la efectividad del Estado para administrar los recursos públicos, una mayoría (78%) sí señaló su ineficacia. Sin embargo, un 51% dijo estar “muy en desacuerdo” o en “algo en desacuerdo” con que el Estado deba administrarse como una empresa privada”. Son los jóvenes quienes más estaría a favor de ese planteamiento (55%), mientras que en el caso de los adultos baja a la mitad (50%).
En consonancia con lo anterior, dos terceras partes de la población (66%) no está de acuerdo con la afirmación de que a “los países les va mejor cuando privatizan sus instituciones públicas”. Solo un 29% respaldaría esa idea.
En cuanto a la distribución de la riqueza en el país, un 86% aseguró que esta es desigual, frente a un 12% que la calificó como “equitativa”.
En lo que sí existe una mayoría abrumadora que alcanza un 91% de opiniones a favor es en el enunciado de si “el financiamiento de las universidades públicas es necesario para el desarrollo económico y social del país”. Aunado a lo anterior, un 78% manifestó su oposición al concepto de que “el financiamiento de las universidades públicas significa un gasto innecesario para el país”. Estas afirmaciones se dan en el contexto de las negociaciones en curso entre el Gobierno y las universidades para definir el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al 2026.
Polo cultural
En este apartado, se consultó la percepción de las personas jóvenes y adultas sobre temas relacionados con gobernanza y migraciones. Para un 69% de la muestra, las personas más preparadas académicamente deberían gobernar el país, mientras que 8 de cada 10 está favor de que personas jóvenes ocupen puestos de representación política.
Tres de cada cuatro personas indicaron conocer de al menos una persona que migró a Costa Rica en algún momento. Quienes cuentan con estudios superiores respaldaron esta afirmación en un 87%, que se reduce a un 73% de quienes tienen secundaria y hasta un 68% de primaria.
La mitad de la encuesta (49%) considera que la principal razón para migrar se debe a factores económicos, seguido de razones políticas (19%), la búsqueda de bienestar y calidad de vida (16%) y la inseguridad (7%). Las opiniones están divididas ante la premisa de si el país debiera acoger, sin excepción, a personas migrantes que solicitan refugio: un 43% dijo estar de acuerdo frente a un 50% que opinó lo contrario.
Aun así, la mayoría de la población (68%) cataloga a “Costa Rica como un país seguro para las personas migrantes”, mientras que un 64% manifestó su postura favorable de que el país promueva la acogida de personas migrantes que huyen por motivos políticos de sus naciones de origen.