El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) señala que, en el Presupuesto Extraordinario de la República para el 2022, presentado en la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda, se plantea un recorte por ₡6.689 millones para los programas de vivienda social del país, con el fin de trasladar esos recursos para gasto corriente de otras entidades públicas, en actividades como sistemas, remuneraciones, viáticos, transporte y compra de materiales y suministros, entre otros.
Dagoberto Hidalgo Cortés, gerente general del BANHVI, detalló que los efectos inmediatos del nuevo recorte, en caso de ser aprobado son; el dejar de construir 648 viviendas para familias de escasos recursos, lo que equivale a 27.520 metros de construcción menos y la no generación de 2.477 puestos de trabajo. Además, el BANHVI no podrá reabrir las ventanillas para recibir nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda, las cuales están cerradas desde mediados del año anterior.
Según el gerente del BANHVI debido a los recortes experimentados por la entidad desde el año 2020, fue reducida la capacidad del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) para continuar atendiendo las solicitudes de bono familiar de vivienda, considerado un derecho fundamental de todos los costarricenses.
«No ha sido posible atender, al cierre de enero de 2022, a unas 6.850 familias con su trámite ya presentado en las entidades autorizadas (mutuales, cooperativas, bancos, entre otras). Para atender estos casos la inversión requerida es de ₡73.500 millones», añadió.
Segundo recorte para el 2022
Hidalgo enfatizó en que este sería el segundo recorte para el 2022 a los programas de vivienda social planteados por el Ministerio de Hacienda, ya en el presupuesto ordinario, aprobado a finales del 2021, el cual está vigente, se recortaron ₡21.476 millones.
«Si sumamos ambos recortes, del presupuesto 2022, estamos hablando de ₡28.165 millones menos, esto significa que se dejarían de construir 2.726 viviendas para familias de escasos recursos, las cuales pasarán a engrosar el déficit habitacional y la desigualdad en el país. Además, se dejarán de edificar un total 115.877 metros de construcción y no se generarían al menos 10.500 puestos de trabajo, entre directos e indirectos», detalló el jerarca del BANHVI.
Los recursos del Bono de Vivienda no son de gasto corriente, explicó el gerente, sino que constituyen fondos de inversión en infraestructura social, de manera que una reducción de éstos tendría un fuerte impacto en la reactivación económica.
«Este recorte es contrario a las necesidades presentes de reactivación económica, requeridas para superar el impacto de la crisis actual, ya que además de dotar de vivienda digna a las familias de escasos recursos, los fondos están direccionados a la actividad de la construcción y al pago de bienes y servicios, actividades que no solo representan altos niveles de encadenamiento productivo, sino, que emplean un alto porcentaje de personal operativo y de bajos niveles de ingresos, que al contraerse aún más la actividad económica, pasarían a agravar la situación del desempleo, dado su nivel de especialización y las pocas oportunidades para recolocarse en el mercado laboral», puntualizó.
Solicitud del BANHVI a diputados
Una vez que el BANHVI conoció del proyecto de ley de presupuesto extraordinario, en tramita bajo el expediente N° 22.919, el gerente general del BANHVI realizó un llamado a las autoridades nacionales y en especial a los legisladores para «no aprobar un nuevo recorte para vivienda de interés social», por las razones ya explicadas.
Mediante la nota GG-OF-273-2022, dirigida a la presidenta de dicha comisión, Ana Lucía Delgado Orozco, se explica en detalle los efectos negativos que el recorte traería al país en especial las familias más necesitadas del país y para la reactivación económica.
Como antecedente, durante el año 2020 al BANHVI se le aplicó una disminución presupuestaria de ₡16.528 millones (un 13% de lo que corresponde por ley), en 2021 el recorte fue de ₡20.833 millones (un 17% menos) y para el 2022 el recorte que ya está vigente es de ₡21.476 millones, por lo que, de aprobarse esta nueva rebaja, en total serían ₡65.526 millones, una cifra que equivale a más del 50% de la inversión que de forma regular se ha realizado en años anteriores.
